A la vista de las declaraciones vertidas por el del Delegado Territorial de Zamora Alberto Castro al diario La Opinión El correo de Zamora. APAMCYL agradece la defensa de los funcionarios agentes medioambientales de la provincia de Zamora aclarando que no hay ningún funcionario que esté imputado por los casos de furtivismo y los presuntos delitos de omisión de perseguir delitos contra la fauna.

No obstante ante las declaraciones del Sr. Castro aludiendo que los Agentes Medioambientales no portan armas y por lo tanto no pueden detener; APAMCYL lamenta que el Delegado Territorial de esta provincia, así como muchos de los funcionarios de los que dependen del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zamora y altos cargos de la propia Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León pasando por la Secretaria General, Viceconsejero y Directores Generales tengan el desconocimiento más absoluto de la condición jurídica de los Agentes Medioambientales autonómicos.

En primer lugar hay que aclarar que el hecho de portar armas,defensas y grilletesy la posibilidad legar de efectuar una detención por la comisión de un delito son cuestiones que no van necesariamente unidas, aunque lógicamente, desde que La Secretaría General de La Consejería de Fomento y Medio Ambiente decidiera en 2013, hace ya un año, la retirada de las armas cortas de servicio a los más de 200 de los 850 Agentes Medioambientales que las tenían asignadas en Castilla y León, ha ido en detrimento de la seguridad personal de estos agentes y de la eficacia en la persecución de delitos, faltas e infracciones sobre todo contra la fauna como se puede comprobar con los datos aportados por la propia delegación de Zamora. No debemos olvidar, que dicha persecución de delitos y faltas e infracciones “viene obligada por la norma”, cosa sobre la que parece ignotoel Delegado Territorial de Zamora Alberto Castro (ver art 58.3 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes en relación con los art. 4 y 1.2 de la todavía vigente Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana)

APAMCYL, adicionalmente quiere aclarar que la condición de Agente de la Autoridad queda reservada en el ordenamiento jurídico nacional a los empleados públicos que tengan un puesto de funcionario y que en el caso de los Agentes Medioambientales además queda refrendado por El Decreto 136/2002 que regula su condición además de numerosas leyes autonómicas de caza y pesca o la legislación básica estatal de Montes donde además queda clara su condición de policía Judicial genérica, condición esta que les faculta además para poder intervenir y custodiar elementos o indicios que puedan ser constitutivos de pruebas indiciarias o directas en procesos penales por comisión de delitos contra el medio ambiente, tales como delitos contra la fauna, la flora, los incendios forestales o la ordenación del territorio, entre otros.

APMACYL quiere además señalar que la Junta de Castilla y León lleva más de 5 años sin convocar oposiciones de Agentes Medioambientales en la región sin que tan siquiera se cubran las plazas por jubilaciones, lo que puede recortar la plantilla en pocos años en más de un 30% a una situación que deja sin poder realizar servicios de vigilancia en parejas en muchas comarcas de la región. Además de tener una flota donde el 60 % de los vehículos tienen más de 15 años y el 30 % más de 20 años y superando los 300 y 400.000 kilómetros en muchos casos. Con unos exageradísimos gastos generados en averías y en bajas laborales por lesiones provocadas por la mala gestión de la flota y tasa de reposición de los vehículos, sin que exista un plan de gestión de flota. Un derroche de gasto que le debería de preocupar un poquito más a los gestores de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.