Las dos personas interceptadas son el titular y el gestor del Área de Caza, y también otro socio que participaba en los hechos. Ante la confirmación de que habían liberado conejos, también se hizo una denuncia por la liberación de especies cinegéticas sin autorización y sin la guía de transporte sanitario correspondiente.
Además del elevado número de trampas, su distribución en los principales pasos por donde transita la fauna y la metodología empleada (colocación de la trampa), indican que presuntamente se conocía perfectamente cómo se podía conseguir la máxima efectividad con este tipo de trampas, con el añadido de que el método "conducía" la fauna hacia la trampa.
El gran número de trampas retiradas por los agentes evitó un resultado mucho más importante de especies afectadas. También es básica la colaboración ciudadana en este y en otros casos. En ocasiones, la detección de este tipo de trampas pasa desapercibida porque se lleva a cabo en lugares frecuentados sólo por excursionistas, observadores de naturaleza u otros usuarios ocasionales.
El uso de este tipo de trampas masivos y no selectivos está tipificado como un delito contra el medio ambiente en el Código Penal y puede conllevar penas de hasta 2 años de prisión para los autores, así como la suspensión de las actividades en el área de caza afectada.
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