La provincia de Ávila cuenta con 117 plazas de Agente Medioambiental para toda la provincia, en la actualidad están ocupadas 81 con el “parche” de 12 interinos y una previsión de 27 jubilaciones en 2025 ya que la edad media supera ya los 55 años.
Señalar además que el pasado 15 de agosto comenzó la media veda de caza, y el protocolo de seguridad establece como obligatoria la vigilancia de la caza en parejas. Además, sigue habiendo avisos diarios en esta provincia sobre posibles ataques de lobo a la ganadería, que deben ser atendidos por los AAMM para tramitar los partes de ayudas y cobro de las pólizas de seguros. Avisos relacionados con especies protegidas, desde el 112 por molestias de especies en núcleos rurales y un sinfín de tareas diarias que debido a que los pocos agentes que quedan en las comarcas se encuentran en esta época en servicio de guardia de incendios dónde se prioriza todo lo que tiene que ver con los mismos y no es posible atender el resto de cometidos con la celeridad que sería deseable.
Lamentamos las carencias de personal y la precaria atención que requieren las demandas de los ciudadanos en todas estas materias, que en ningún caso es achacable a este personal, obligando en muchas ocasiones a los propios agentes a incumplir los protocolos de seguridad vigentes, tanto en actuaciones de vigilancia y policía, donde es obligatoria su prestación en pareja, como en el traslado de especies en vehículos no adecuados o compartiendo el mismo habitáculo. Si a todo lo anterior añadimos la falta de organización dentro de un colectivo en el que la dependencia funcional y jerárquica se solapa o se diluye a beneficio de intereses propios tenemos un cóctel perfecto para que la ciudadanía se encuentre totalmente desatendida por parte de estos funcionarios públicos.
Desde esta asociación sindical se viene reclamando a la Administración un plan de ORGANIZACIÓN INTEGRAL del colectivo, con el impulso de una Ley de Cuerpo y una estructura organizativa más eficiente, una reorganización comarcal, unas instalaciones dignas, donde se puedan prestar los servicios en parejas, y unos protocolos de actuación integrados de forma efectiva en el servicio de emergencias del 112 que den un servicio eficaz al ciudadano garantizando la seguridad y prestación de servicios más eficientes, que en la actualidad se vienen prensando en función de la mejor o peor voluntad de cada funcionario.