El colectivo presenta un amplio paquete de alegaciones a las futuras directrices estatales de seguridad y salud laboral impulsadas tras la Ley 4/2024.
La unidad de acción para el desarrollo de esta ley ha remitido un documento de propuestas al borrador elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), con el objetivo de ajustar la prevención de riesgos a la realidad diaria de los agentes forestales y medioambientales.
El texto plantea cambios relevantes para que se reconozcan tanto las funciones reales que desempeñan como los riesgos a los que se enfrentan en el medio natural y en situaciones de emergencia.
Una de las principales reivindicaciones es implantar el trabajo en pareja como norma general, evitando intervenciones en solitario salvo en tareas administrativas. El colectivo considera esta medida clave para reducir riesgos físicos, biológicos y de seguridad, especialmente en zonas remotas, incendios forestales o actuaciones conflictivas.
También se reclama mayor protección frente a fenómenos meteorológicos extremos, el reconocimiento específico de los riesgos en incendios forestales y protocolos claros ante exposición al humo, amianto y sustancias tóxicas, junto a límites de jornada en labores de extinción.
En materia de salud laboral, se insiste en reforzar la vigilancia mediante pruebas físicas y psicológicas adaptadas al puesto, así como en el seguimiento de enfermedades derivadas de la exposición biológica o de las condiciones del trabajo en campo.
El documento incorpora además la perspectiva de género, con medidas específicas para embarazo, lactancia o menopausia, y la adaptación de equipos y uniformes a la diversidad del personal, junto con una mayor protección frente al acoso.
Entre las mejoras solicitadas figuran vehículos más seguros, mejores equipos de protección y la dotación de medios como desfibriladores o detectores multigás, así como protocolos para trabajos complejos como rescates, altura o espacios confinados.
Las alegaciones destacan igualmente el papel esencial de estos profesionales en la vigilancia ambiental, la investigación de delitos ecológicos, la protección civil y la gestión de emergencias, reclamando que las futuras directrices reflejen la amplitud de estas funciones.
Por último, el colectivo pide a las administraciones un compromiso real con la prevención, priorizando la seguridad frente a criterios económicos y garantizando condiciones de trabajo acordes a la realidad del servicio que prestan en la protección del medio natural.
